La jueza Flavia Allende le dijo NO a la fiscalía y a la defensa de Vanesa Carrascosa Font, la mujer que mató al repartidor Jairo Malla mientras manejaba su camioneta como si estuviera sola en la ruta.
El acuerdo —un clásico de los tribunales locales— le garantizaba a Carrascosa apenas 3 añitos de prisión condicional. Es decir, ni un día presa. Pero esta vez, la presión de la familia de la víctima, el ruido de las asociaciones de víctimas viales y la mirada incómoda de la sociedad torcieron el brazo del sistema. La magistrada dijo no. Y el caso va camino a un juicio oral y público.
Allende fundamentó su fallo con palabras grandes: “igualdad de partes” y “paz social”. Pero lo que de verdad rompió el molde fue que, por una vez, la Justicia no se tapó los oídos: escuchó a los que entierran, no a los que pactan.
El revés le explota a Carrascosa Font en la cara, justo cuando pensaba que con un poco de buena letra judicial iba a salir caminando tranquila. La escena de siempre: abogado por acá, fiscal por allá, firmas, codazos, sentencia abreviada y chau culpa. Pero no. Esta vez no.
Las caras largas en los pasillos del juzgado eran un poema. Los fiscales Adolfo Díaz y Romina Mascarell, que habían pactado el final express del caso, ahora se preparan para impugnar la decisión de la jueza. Traducción: no se rinden tan fácil. Todavía creen que matar a alguien con un vehículo y salir por la puerta de atrás del tribunal es un derecho adquirido.
Mientras tanto, Carrascosa seguirá sin poder manejar, al menos hasta que empiece el juicio. Lo mínimo. Porque, si hay algo más grave que matar en un accidente, es que te lo perdonen como si nada.
Esta vez, la Justicia no fue ciega. Al contrario: abrió un ojo, y no le gustó lo que vio.
