Después de muchos debates internos, el Gobierno comienza a delinear la hoja de ruta para terminar con el principal cuello de botella de la generación eléctrica, que son las líneas de transporte de alta tensión.
La Secretaría de Energía publicó hoy un listado de obras prioritarias en todo el país para fortalecer el Sistema Argentino de Interconexión (SADI), que serán financiadas y ejecutadas por empresas privadas, a través del esquema de concesión de obra.
El plan incluye la incorporación de 5610 kilómetros nuevos de líneas, un 38,3% más que el actual, con una inversión de más US$6600 millones, dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni. “Esto permitirá asegurar el buen funcionamiento del SADI, mitigar los cortes de servicio y aliviar los cuellos de botella producidos por la falta de inversiones acumulada en décadas”, dijo.
El Gobierno fijó que las obras de ampliación sean financiadas y ejecutadas por empresas privadas, sin un costo para el Estado, a través del mecanismo de concesión de obra. Luego se le repagará a la constructora que gane la licitación mediante el cobro de un concepto tarifario por parte de los usuarios que sean beneficiados con esta nueva infraestructura.
Desde 2002 hasta la actualidad, el consumo de electricidad aumentó más de 117%, pero el transporte eléctrico solo creció 54%. Esto implica que el sistema está “saturado”, lo cual genera que esté frágil ante cualquier eventualidad y que demande mayores costos de mantenimiento
Si bien el Gobierno sabe que la ampliación del transporte eléctrico es una prioridad, en el último tiempo hubo un debate interno acerca de cómo financiar estos proyectos, ya que la política oficial marca que no hay más presupuesto para obra pública.
En un primer momento, el secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, y la secretaria de Energía, María Tettamanti, habían propuesto crear un cargo fijo en las boletas eléctricas para financiar la construcción, lo que en la jerga se llama un esquema de estampillado. Esta propuesta, sin embargo, no pasó el filtro del principal asesor presidencial, Santiago Caputo.
Por lo tanto, se decidió licitar las obras y que las empresas se encarguen de conseguir el financiamiento para construir, operar y mantener las líneas a través de un contrato de concesión a 30 años. La inversión se recuperará a través de un canon que cobrarán en las tarifas de los usuarios beneficiados con la obra cuando finalice y comience su funcionamiento.
Sin embargo, este esquema enfrenta una limitación, debido al tiempo de recuperación de las inversiones millonarias y a la herencia de más de 20 años de congelamiento tarifario: ¿a qué tasa los bancos van a otorgar el crédito, si existe el riesgo de que los gobiernos vuelvan a frenar los aumentos de tarifas? Este mayor costo financiero, dicen en el sector privado, lo terminarán pagando los usuarios con el repago de la obra.
Para bajar los costos de capital, el Gobierno está negociando con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para obtener un préstamo que permita nutrir un fondo que sirva como garantía para las empresas que deberán salir a buscar financiamiento. Algo similar se hizo durante la administración de Mauricio Macri, cuando, en 2017, el Banco Mundial otorgó US$480 millones para respaldar el Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (Foder), destinado a garantizar el pago de proyectos de energía renovable.
“Para tomar dimensión de la situación crítica en la que el gobierno de Javier Milei encontró al sistema eléctrico, es importante destacar que en los últimos años se tendrían que haber invertido US$30.000 millones en obras. Por el contrario, se gastaron US$150.000 millones en subsidios durante 20 años. Todo esto financiado con emisión monetaria y su consecuente inflación”, dijo Adorni.
El vocero indicó que en los últimos seis años, se realizaron solo el 38% de las inversiones necesarias en transmisión eléctrica, lo cual generó que hoy el 35% de las instalaciones del sistema se encuentren al fin de su vida útil. La última obra de alta tensión que se realizó en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) fue en 2006, hace 19 años.
De hecho, de la lista de obras urgentes para licitar, la principal que genera interés es la llamada AMBA I, que amplía en 1500 MW la capacidad de transmisión en la zona donde está la mayor parte de la demanda eléctrica concentrada. El proyecto demandará una inversión de US$1111 millones.
Adicionalmente, a las obras que van por concesión de obra pública, el Gobierno también modificará la regulación vigente para obras asociadas a industrias que son intensivas en generación eléctrica, como la minería, para permitir que las empresas mismas realicen las obras y obtengan una determinada prioridad de uso por un tiempo específico.