BRASILIA.- La Procuraduría General de la República de Brasil (PGR) solicitó al Supremo Tribunal Federal (STF) la apertura de una investigación policial contra el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), por sus gestiones en Estados Unidos para que se impongan sanciones contra autoridades del brasileñas.
Según la fiscalía, Eduardo Bolsonaro -radicado en Estados Unidos desde febrero- estaría liderando una campaña de intimidación y persecución contra jueces del STF, fiscales y miembros de la Policía Federal que participan en investigaciones contra aliados de su padre y el propio expresidente.
El pedido fue presentado el domingo por el procurador general Paulo Gonet, quien solicitó además que el expresidente Bolsonaro sea citado a declarar, dado que “se beneficia directamente” de la campaña y ha reconocido públicamente que financia la estadía de su hijo en territorio estadounidense.
El juez Alexandre de Moraes, figura clave en las investigaciones sobre actos antidemocráticos en Brasil, fue designado relator del caso.
Desde febrero, Eduardo Bolsonaro se encuentra en Estados Unidos, adonde viajó poco antes de que solicitara licencia de su mandato como parlamentario. Justificó su permanencia en ese país alegando ser víctima de persecución judicial en Brasil.
En una declaración que generó fuerte rechazo institucional, afirmó desde ese país que pretendía allí “buscar los castigos justos que Alexandre de Moraes y su Gestapo de la Policía Federal merecen”.
Desde entonces, el diputado federal ha mantenido reuniones con congresistas republicanos y asesores del presidente Donald Trump, en un intento por lograr que Estados Unidos sancione a Moraes, juez clave en el avance de causas que involucran a su padre y a miembros de su círculo más cercano, entre ellas el proceso por el intento de golpe de Estado para impedir la asunción de Lula da Silva tras las elecciones de 2022.
La presión ejercida por el bolsonarismo en Estados Unidos pareció tomar forma la semana pasada, cuando el secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, afirmó en una audiencia que existe “una gran posibilidad” de que Moraes sea sancionado por el gobierno de ese país. Fue la primera vez que una figura de alto nivel en Washington se refirió públicamente a esa posibilidad.
Para la fiscalía brasileña, Eduardo Bolsonaro lleva adelante un intento deliberado de interferir en el Poder Judicial y obstaculizar las causas penales en curso contra su padre. En su presentación, Gonet sostiene que las acciones del diputado podrían configurar delitos de obstrucción de la justicia, coacción de testigos y embestida contra las instituciones democráticas.
“Desde comienzos del año, Eduardo Bolsonaro ha manifestado reiteradamente que trabaja para que el gobierno estadounidense imponga sanciones contra miembros del Supremo Tribunal Federal, la Procuraduría General de la República y la Policía Federal, por lo que considera una persecución política en su contra y en la de su padre”, escribió Gonet.
“El tono de sus declaraciones es abiertamente intimidatorio. Se busca presionar a los funcionarios judiciales y fiscales, así como a los jueces del caso, en una clara tentativa de obstaculizar los procedimientos que, según cree Eduardo Bolsonaro, terminarán en condena”, añadió en el pedido de apertura de investigación.
El fiscal también alertó sobre la gravedad del lenguaje utilizado por el diputado, quien ha calificado estas sanciones internacionales como una “pena de muerte civil” para los jueces brasileños. Entre las medidas que promueve se incluyen el bloqueo de bienes, la cancelación de visas y la prohibición de realizar transacciones bancarias con actores estadounidenses.
La posibilidad concreta de sanciones contra un magistrado de la Corte Suprema despertó fuerte preocupación en el gobierno brasileño. En las últimas horas, el Ministerio de Relaciones Exteriores intensificó contactos diplomáticos con funcionarios estadounidenses para evitar lo que sería visto como una intromisión grave en los asuntos internos de Brasil.
“Debemos defender nuestra magistratura nacional como un elemento de nuestra soberanía. No permitiremos que nuestra Justicia sea atacada”, declaró este lunes el ministro jefe de la Abogacía general del Estado, Jorge Messias, en un acto institucional en Brasilia.
Gonet también pidió al Supremo que autorice el monitoreo de las redes sociales de Eduardo Bolsonaro, donde el diputado publica con frecuencia mensajes que, según la acusación, buscan intimidar a las autoridades judiciales. “La campaña debe tomarse en serio”, remarcó el fiscal general, recordando que las declaraciones de Rubio abren la puerta a eventuales sanciones.
