Poco después de asumir la presidencia en 1989, Carlos Saúl Menem manifestó públicamente su decisión de abrir las fronteras a los capitales «de cualquier color y procedencia». En ese contexto, trazó un paralelismo con el caso de España, que, tras la caída del franquismo, adoptó políticas de apertura financiera que derivaron en el ingreso de fondos de origen diverso, facilitando la instalación de organizaciones vinculadas al tráfico de armas, drogas y otras actividades delictivas.
La declaración del entonces jefe de Estado generó un fuerte flujo de capitales hacia la Argentina, incluyendo, según múltiples informes periodísticos y judiciales, fondos procedentes del narcotráfico. Esta afluencia no se limitó al ingreso de dinero: vino acompañada también por una mayor circulación de estupefacientes, fenómeno que desde entonces no ha cesado y que ha contribuido de manera significativa a la consolidación del narcotráfico en territorio nacional.
Una de las voces que, en ese momento, se alzó contra la iniciativa fue la del periodista Jacobo Timerman, quien advirtió con claridad que esas políticas convertían a la Argentina en una puerta de entrada para el dinero proveniente del narcotráfico.
Más de tres décadas después, el gobierno de Javier Milei ha presentado el denominado “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos”, una iniciativa orientada a permitir el blanqueo de miles de millones de dólares hoy fuera del sistema financiero formal. El plan contempla un decreto para eliminar lo que el Ejecutivo califica como “controles absurdos”, así como un proyecto de ley con el objetivo de otorgar seguridad jurídica a quienes decidan adherirse, evitando futuras acciones persecutorias de parte de los organismos fiscales.
“El objetivo es atraer a los argentinos de bien a la formalidad”, señaló el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante la presentación realizada en la Casa Rosada.
No obstante, esta línea discursiva no representa una novedad. Un año atrás, el propio presidente Milei expresó públicamente que “le importa un rábano” el origen de los dólares que ingresen al país, declaración que generó preocupación a nivel internacional. Según publicó el diario La Nación, dichos planteos motivaron una respuesta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que comenzó a observar con especial atención los mecanismos argentinos de prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo.
En este contexto, el sistema político en su conjunto busca evitar que la Argentina sea incluida en la llamada “zona gris”, una categoría que el GAFI asigna a los países cuyas normativas permiten la incorporación de capitales provenientes de actividades ilícitas, como el narcotráfico o el terrorismo.
