En el marco de un paquete de medidas anunciado por el ministro de Economía, Luis Caputo, junto a Juan Pazo, titular de ARCA y Santiago Bausili, titular del Banco Central, se confirmó la eliminación del Régimen Informativo de Compraventa de Vehículos Usados.
La decisión responde a un pedido que la Cámara del Comercio Automotor (CCA) había hecho a la AFIP (hoy ARCA) a fines de 2024. “Era un régimen muy engorroso que implicaba duplicidad e incluso triplicidad de información. Veníamos pidiendo sistemáticamente esta derogación», comentó Alejandro Lamas, secretario de la CCA, a LA NACION.
El sistema implicaba, en su artículo quinto, el empadronamiento de los centros de compraventa de vehículos usados y el suministro de datos que abarcaban desde el alta provisoria de las unidades, los domicilios transitorios o definitivos de exhibición de vehículos y las bajas de las unidades ya sea por venta, recisión o instrumentación de contratos de mandato o consignación, robo, hurto o destrucción total, entre otros.
Las concesionarias y comerciantes debían informarle a la ex-AFIP incluso cuando el modelo salía de la agencia para ser trasladado a un taller o lavadero, el tiempo estimado de permanencia en el local, número de factura y si, finalmente, se había vendido o seguía como parte del stock.
Según remarcan especialistas, el resultado final era el encarecimiento de la unidad a raíz de “más costos de operación” que implicaba el cumplimiento de esta serie de trámites.
Esta medida viene a complementar la eliminación del Certificado de Transferencia de Automotores (CETA) que se llevó adelante a comienzos de 2024. La argumentación en ese momento era buscar “agilizar la operatoria de transferencia e inscripción de estos bienes”.
El Certificado de Transferencia de Automotores era un formulario (sin costo) que debían solicitar las personas humanas, las sucesiones indivisas y personas jurídicas, del país o residentes en el exterior, cuando querían transferir un auto o motovehículo usado radicado en la Argentina. El vendedor del vehículo era el encargado de completar el documento y se podía realizar por internet.
“Quita una carga administrativa muy importante. Estos sistemas te hacían trabajar para el Estado gratis por todo lo que consumían. Se había instalado en 2005 con Néstor Kirchner y estamos felices de que se derogue”, concluyó Lamas.
La decisión afecta principalmente a las concesionarias, locales y centros de compraventa de usados.
