Después de que el Gobierno anunciara un paquete de medidas para que los argentinos saquen los dólares “del colchón”, expertos asesores del sector agropecuario señalaron que, por la fuerte desregulación en los controles de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) u organismos vinculados como la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Central (BCRA), de ahora en adelante se abre una nueva etapa para el sector agropecuario. Ven puntos positivos pero también hacen observaciones. En una conferencia de prensa realizada hoy, el vocero presidencial, Manuel Adorni; el titular de ARCA, Juan Pazo, y el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciaron el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos.
En ese contexto, Santiago Saenz Valiente, asesor impositivo y experto, dijo que el fin de los controles cruzados del ARCA elimina la exigencia de cruces de datos entre escribanos, operaciones con vehículos, movimientos bancarios y compras personales. Consideró que esto implica una flexibilización significativa de los controles fiscales, incluso en el agro. No obstante, alertó que esto también podría generar preocupación por un posible aumento de la evasión.
Sáenz Valiente advirtió que podría haber un retroceso en materia de fiscalización si no se implementan medidas complementarias. Agregó que, dado que parte del plan de los dólares “debajo del colchón” saldría por decreto, esto no alcanza.
“Se necesita una ley formal para que las personas usen sus dólares no declarados sin riesgo de ser sancionadas por incremento patrimonial no justificado. Esto es clave para dinamizar operaciones de alto valor como compra de inmuebles, vehículos o maquinaria agrícola”, precisó.
El experto resaltó que sin una ley en vigor, la UIF y el Banco Central podrían sancionar a quienes utilicen dólares no declarados. Por eso, advirtió que “el campo no invertirá si no hay garantías legales”.
En este contexto, insistió que, sin una ley específica, quienes usen dólares no bancarizados para inversiones o adquisiciones seguirán expuestos a sanciones de la UIF, ARCA o Banco Central. Propuso revisar los plazos de prescripción, posiblemente acortarlos, y rever el régimen penal tributario. Reclamó, además, mayor justicia y equilibrio en las causas judiciales fiscales, con más valor a las pruebas presentadas por los contribuyentes.
En tanto, Héctor Tristán, contador especializado en temas agropecuarios, observó que las medidas anunciadas hoy por el Ministerio de Economía, que incluyen principalmente la flexibilización de regímenes informativos y la elevación de umbrales para reportes bancarios y de billeteras virtuales, «no tienen un impacto directo e inmediato en el sector agropecuario en términos de producción, comercialización o rentabilidad».
Mencionó que estas se enfocan en la reducción de la burocracia y carga administrativa. “Al elevar los montos a partir de los cuales se deben reportar operaciones bancarias y de billeteras virtuales, y al eliminar algunos regímenes informativos, se busca simplificar trámites para individuos y empresas, incluyendo potencialmente a productores y empresas del agro en sus operaciones financieras cotidianas”, dijo.
“El espíritu de estas medidas es incentivar el uso de dinero que podría estar fuera del circuito formal, lo que podría, en teoría, generar mayor liquidez en la economía. Si bien no es una medida específica para el agro, los productores o empresas agropecuarias que tengan ahorros informales, estas nuevas reglas facilitan su movimiento, produciendo ciertos efectos importantes en la economía en general y en el agro en particular», afirmó.
Puntualmente habló del incremento de la base tributaria a mediano y largo plazo: al formalizar activos, estos pasan a estar sujetos a impuestos regulares (como Bienes Personales, Impuesto a las Ganancias sobre los rendimientos, etc.). “Esto amplía la base de contribuyentes y, teóricamente, debería generar una mayor recaudación de forma sostenida en el tiempo, mejorando la sostenibilidad fiscal del Estado”, precisó.
El experto destacó que, al ingresar al circuito formal, los fondos pueden ser invertidos en proyectos productivos, compra de bienes registrables (inmuebles, vehículos), o como capital de trabajo para empresas. Esto dinamizará la economía, el empleo y aumentará la producción de bienes y servicios, según mencionó.
Sobre la reducción de la informalidad, destacó que “esto no solo mejora la recaudación, sino que también puede conducir a una mayor transparencia, reducción de actividades ilícitas asociadas al dinero no declarado y una mejor asignación de recursos”.