El fiscal Iván Grassi solicitó el sobreseimiento de Juan Pablo Echegaray en la causa por la muerte de Lucía Rubiño, alegando la ausencia de pruebas que permitan sostener una acusación penal. En declaraciones públicas, Grassi sostuvo: «No puedo llevar a juicio a alguien contra quien no tengo pruebas». La decisión se fundamenta en una serie de pericias accidentológicas —incluidas las realizadas por expertos de la provincia de Mendoza— que descartaron que Echegaray haya tenido una participación determinante en el hecho.
La hipótesis original indicaba que Echegaray habría invadido el carril de circulación, lo que obligó a un tercer conductor a realizar una maniobra evasiva que terminó en el atropello fatal de Rubiño. Sin embargo, según el fiscal, esta versión no logró ser acreditada de manera objetiva en el expediente.
La resolución de Grassi fue cuestionada por el abogado querellante, Marcelo Fernández, quien solicitó la revisión del dictamen argumentando que la decisión carece de fundamentación suficiente y que existen elementos para sospechar una conducta imprudente por parte del imputado. No obstante, el fiscal coordinador Francisco Micheltorena respaldó la postura de Grassi, al considerar que no hay pruebas que justifiquen continuar con el proceso penal.
La causa se encuentra ahora en manos del juez de Garantías, Javier Figueroa, quien deberá resolver si hace lugar al pedido de sobreseimiento o si dispone la continuidad del proceso.
