MADRID.- El gobierno del socialista Pedro Sánchez trabaja para sacar adelante una medida que podría suponer la mayor regularización de personas extranjeras en situación administrativa irregular en España desde 2005. El Ejecutivo ha retomado las negociaciones con los grupos parlamentarios para aprobar la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que propone conceder permisos de residencia y trabajo a cerca de 470.000 personas que viven en el país sin papeles y que hayan llegado antes del 31 de diciembre de 2024.
La iniciativa ciudadana, que logró reunir 700.000 firmas, permanecía estancada en el Congreso desde hacía más de un año. Todos los grupos de la Cámara Baja —con la única excepción de Vox— apoyaron en abril de 2024 su toma en consideración. La Mesa del Congreso desbloqueó en septiembre la tramitación parlamentaria, al poner fin a una sucesión de prórrogas del plazo de enmiendas que había paralizado su avance. El siguiente paso es acordar un texto definitivo entre los partidos y llevarlo al pleno del Congreso para su votación.
Según el borrador de la propuesta, al que accedieron los diarios El País y Europa Press, el grupo parlamentario socialista ha presentado a sus interlocutores un documento que introduce una figura específica de regularización: una “autorización por circunstancias excepcionales única”. Esta autorización permitiría a las personas extranjeras que ya estuvieran en España antes del 31 de diciembre de 2024 residir y trabajar legalmente en todo el territorio nacional.
El texto, sujeto aún a posibles cambios, establece que los requisitos concretos para acceder a esta autorización excepcional se determinarán posteriormente mediante un real decreto. Entre los criterios que se prevé incluir figuran la ausencia de antecedentes penales, la situación de vulnerabilidad y la forma en que las personas podrán demostrar su permanencia continuada en España. El borrador insiste en que regularizar a quienes ya forman parte de la sociedad española es una forma de reducir la inseguridad y la desprotección que genera el limbo administrativo: “No acompasar de forma eficaz la evolución de los flujos humanos migrantes con el ámbito regulador puede generar situaciones de inseguridad o desprotección”, señala la exposición de motivos.
El impulso de esta medida coincide con la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería, que había sido anunciado como una herramienta para flexibilizar y mejorar el acceso de los extranjeros a permisos de residencia. Sin embargo, tanto el propio gobierno como las organizaciones sociales admiten que este reglamento deja fuera a un número importante de personas. Entre ellas, se encuentran solicitantes de asilo que han desistido del proceso, así como migrantes en situación de vulnerabilidad que no pueden cumplir con los requisitos exigidos.
Los socialistas reconocen estas limitaciones y proponen la ILP como una solución para los casos que el nuevo reglamento no alcanza a resolver. Esta exclusión ha sido denunciada de forma reiterada por ONG que trabajan con población migrante, especialmente desde noviembre de 2024, cuando advirtieron del “impacto negativo” que tendría el nuevo reglamento sobre los solicitantes de asilo. A estas críticas se ha sumado también el defensor del Pueblo, quien ha alertado sobre las consecuencias de la norma en el caso de los menores migrantes que ven rechazadas sus solicitudes de protección internacional.
La exposición de motivos del borrador socialista subraya el papel central que ha tenido la migración en la historia de España, tanto en su pasado como país emisor de emigrantes como en su presente y futuro como país receptor. “España es un país en el que la migración ha sido determinante en el pasado y lo sigue siendo en la construcción del presente y del futuro. Por un lado, por el enorme peso y relevancia que ha tenido la emigración de tantos compatriotas hacia otros lugares del mundo en busca de oportunidades de vida, destacando la prioridad de esos destinos hacia Europa y América Latina. Y por otro, porque nuestro país ha dejado de ser solamente una tierra de tránsito o de puerta de entrada hacia Europa, para convertirse en lugar de destino, de acogida”, explica el documento.
Mientras el gobierno y los grupos parlamentarios intentan llegar a un acuerdo sobre el texto final, desde el movimiento Regularización Ya han manifestado su preocupación por la “falta de voluntad política” mostrada hasta ahora. Tras más de un año sin avances concretos, los activistas que promovieron la iniciativa ciudadana denuncian que el retraso en la tramitación responde más a una decisión política que a una dificultad técnica o jurídica.
La propuesta que ahora impulsa el Ejecutivo podría significar un punto de inflexión. Si logra el respaldo mayoritario del Congreso, supondría un reconocimiento formal a la contribución de cientos de miles de personas que, pese a vivir y trabajar en España, lo hacen sin derechos básicos ni acceso pleno a servicios. Para muchas de ellas, esta regularización sería no solo un cambio administrativo, sino una oportunidad de vivir sin miedo y con dignidad.
Agencias ANSA y DPA
