El trayecto de la motosierra en la obra pública incluyó una estación sensible: ¿qué hacer con los proyectos cuyo financiamiento no depende del Gobierno, sino de créditos otorgados por organismos internacionales? Según datos oficiales, actualmente se encuentran en ejecución 77 obras con estas características, cuyos contratos suman $122.716 millones. Todo ese dinero supone una ayuda para el mejoramiento de la infraestructura que necesita el país, pero a la vez representa deuda, aunque de bajo costo.
Por esa razón, el Gobierno inició conversaciones para que la responsabilidad de esas obras pueda ser absorbida por jurisdicciones dispuestas a continuarlas. Incluso, en esos acuerdos el Ejecutivo agregó una cláusula clave: “En cuanto a las obras que cuentan con financiamiento externo, detalladas en el Anexo IV del presente Acuerdo Marco, las partes se comprometen a llevar adelante las gestiones que resulten pertinentes a los efectos de que dichas obras puedan ser continuadas por ‘la provincia’ sin que esto genere responsabilidad alguna para ‘la Nación’ frente al organismo multilateral de crédito (sic)”.
Esto último resulta importante, porque implica el traspaso de la ejecución de la obra, así como también la responsabilidad del crédito que la financia ante el organismo internacional. En consecuencia, la lupa se posa rápidamente sobre las obras más costosas que se encuentran en ejecución.
De hecho, las cinco más caras, correspondientes al Plan Belgrano, se ubican en Catamarca, Corrientes, Salta, Jujuy y Santiago del Estero. Si dichas provincias reclamaran los proyectos, el “pack” les llegaría con la potestad para terminarlas y la obligación de pagarlas.
En ese sentido, el Ejecutivo firmó acuerdos de traspaso con 20 provincias, según comunicó Jefatura de Gabinete. Un dato llamativo desde lo numérico, aunque comprensible desde “lo político”, señala que la provincia de Buenos Aires no está incluida en la nómina de las que firmaron tales convenios y, en simultáneo, es la que más obras de financiamiento externo tiene “en ejecución”, según el Mapa de Inversiones elaborado por el Gobierno. Más allá de esto, el oficialismo activó el traspaso de proyectos, aunque todavía hace falta toda una maquinaria legal que encienda definitivamente la luz verde.
Parte de esos instrumentos legales comenzaron a publicarse este martes en el Boletín Oficial. El Ministerio de Economía resolvió que “las funciones de coordinación y ejecución técnica de los programas y proyectos con financiamiento externo multilateral, bilateral o regional y/o proyectos de participación público-privada serán ejercidas por la Secretaría de Obras Públicas, Subsecretaría de Obras y Servicios, Subsecretaría de Recursos Hídricos, la Secretaría de Transporte y la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda”.
Esto significa que dichas áreas de Gobierno podrán licitar, adjudicar y ejecutar las obras con financiamiento internacional, pero, a la vez, la resolución 746 agregó que “poseen la facultad para suscribir convenios con las provincias, municipios y/u otras entidades y organismos, que sean necesarios para la ejecución de los programas”.
Además, la norma estipula que las áreas del Gobierno podrán encomendar auditorías o cualquier otro tipo de tareas que tengan como objetivo hacer más eficiente la ejecución de las obras.
En paralelo, la resolución oficial nombró varios programas de obras que entraron en los márgenes de esta normativa. Todos ellos reciben fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), del Banco Centroamericano de Integración Económica y del Fonplata.
El Gobierno no publicó los acuerdos que firmó con 20 provincias para el traspaso de obras. Por eso se desconoce si los gobernadores solicitaron absorber proyectos con financiamiento internacional. Pese a eso, a través del sitio oficial Mapa de Inversiones, se pudo determinar que existen 77 obras en ejecución que reciben fondos de ellos. De hecho, 39 están vinculadas al BID, 26 a CAF, 6 al BCIE, 5 al Fonplata y una al BIRF.
Entre todas ellas suman $122.716.827.810. La provincia de Buenos Aires, con 18 obras, es la que más proyectos de estas características alberga. En segundo lugar, se ubica Córdoba. La mayoría de los 77 proyectos aludidos se reparten entre obras hídricas, de saneamiento, escuelas, universidades, el Plan Belgrano y la construcción de centros para atender cuestiones de política de género.
El futuro de esos proyectos dependerá de la priorización a cargo del Gobierno para determinar si continúan o no, y de las provincias o municipios que ya hayan solicitado su traspaso o las reclamen en el futuro. En tanto, continúen bajo la órbita del Ejecutivo, representarán un compromiso a afrontar por la gestión nacional.
