MADRID.- Suciedad, violencia, pulgas y chinches. Esas son algunas de las quejas de los viajeros que pasan por el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, en España, y observan la insólita realidad que se vive en el lugar: 500 personas en situación de calle habitan en el aeropuerto desde hace casi tres meses. Mientras que los sindicatos piden el desalojo “inmediato”, el gobierno español se desligó de la situación y aseguró que la “competencia exclusiva” es de la Comunidad de Madrid, a cargo de Isabel Díaz Ayuso.
Tal como denunciaron múltiples usuarios en redes sociales en las últimas semanas, cientos de personas pasan sus días en el aeropuerto. Las imágenes los muestran colmados de objetos personales como mantas, cajas y bolsos, y, en muchas ocasiones, bajo los efectos de lo que parece ser el consumo de estupefacientes.
Ante las quejas de los turistas que pasan por uno de los aeropuertos más transitados del mundo, las autoridades enviaron a una empresa de fumigación para que controle la aparente plaga de chinches, garrapatas y cucarachas que afecta a los trabajadores. Debido a esto, las ONG que buscaban asistir a las personas sin techo no pudieron ingresar con los alimentos que llevaban.
En tanto, los cruces políticos en el gobierno no terminan de establecer a quién le corresponde la responsabilidad. El gobierno de Pedro Sánchez aseguró que la competencia es de Madrid y que no se registraron solicitudes de asilo. “El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 no tiene competencias en atención directa. Estas situaciones de vulnerabilidad relacionadas con el singhogarismo o la atención a personas migrantes que se están dando en el Aeropuerto de Barajas son competencia exclusiva de los gobiernos autonómicos”, explicaron desde el departamento que dirige Pablo Bustinduy.
Y añadieron: “Es cada gobierno autonómico, en base a sus competencias, el que decide la forma en la que entiende cuál es una necesidad básica y qué cubre”.
En respuesta, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, indicó que la situación de Barajas es “inasumible e impropia” de un país como España, pero se ofreció a “colaborar en lo posible” para abordar la situación. “Como tantas cuestiones que pasan en el aeropuerto, en tantos sentidos, no quieren arreglarlo. Es la puerta de entrada a Madrid, a la capital de España, y les da igual. Pero también les da igual la situación de todas estas personas”, criticó la dirigente.
En tanto, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, también apuntó contra la administración de Sánchez, reclamó el desalojo de las personas que desde hace meses viven en la Terminal 4 y anunció que llevará una presentación a la cámara Baja para que el Ejecutivo actúe en este sentido.
Mientras la política se pasa la pelota, el sindicato Alternativa Sindical Aena/Enaire (Asae) tomó cartas en el asunto y le envió una solicitud oficial a la Oficina del Defensor del Pueblo para pedir el “desalojo urgente” de las personas que viven y pernoctan en el aeropuerto. Según consideraron, el espacio se convirtió en una “ciudad sin ley”.
“Vimos de todo, amenazas, robos… La gente tiene mucho miedo de ir al parking, por ejemplo, sobre todo las mujeres de noche. En los turnos de madrugada nos contaban unas compañeras que tienen muchísimo miedo de ir porque aquello se convirtió en un sitio sin ley», detallaron en un comunicado, mientras que ofrecieron como solución que se armen “carpas o módulos prefabricados” para mover a la multitud a otro sitio.
En esta misma línea, la Mesa por la Hospitalidad de Madrid -de la que forman parte entidades como Cáritas, entre otras- elaboró un censo de las personas que pernoctan en el aeropuerto madrileño “para determinar su perfil concreto y sus necesidades”, y que pondrá a disposición de las autoridades públicas.
Los trabajadores de la Terminal 4 denunciaron sufrir picaduras de insectos producto de la suciedad y la acumulación de basura que relacionaron directamente con las condiciones de falta de higiene de parte importante del grupo de personas que viven en el aeropuerto.
Es por esto que justificaron la fumigación que se llevó a cabo para obligarlos a abandonar las instalaciones lo antes posible. Además de este control de plagas también se llevaron a cabo otras medidas, como retirar el mobiliario en donde descansaban; variar la climatización de la terminal; pedir la documentación que acredite un viaje; cerrar los baños para personas con movilidad reducida (que, al ser más amplios, se utilizan para dormir); e impedir que carguen sus teléfonos.
En este contexto, diversas organizaciones sociales y benéficas pusieron de manifiesto el “grave problema” al que se enfrentan estas personas y exigieron que se las “deje de tratar y señalar como delincuentes”. “Se trata de seres humanos que, por diversas circunstancias, se ven obligados a buscar refugio donde pasar la noche”, dijeron desde la ONG Bokatas. El coordinador de la entidad, Gaspar García, también apuntó contra AENA porque les impidió ingresar a Barajas para repartir comida y kits de higiene con la justificación de que se encontraban en medio de la fumigación.
Con información de Europa Press
