WASHINGTON.- El presidente Donald Trump tomó una nueva decisión que muestra su determinación para avanzar en la dura agenda migratoria que se planteó en campaña. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció que le pagará a los indocumentados en Estados Unidos que regresen a su país de origen voluntariamente 1000 dólares, a medida que avanza con sus planes de deportación masiva en medio de las trabas en los tribunales.
En un comunicado difundido este lunes, el DHS -a cargo de la secretaria Kristi Noem– señaló que también pagará por la asistencia de viaje y que aquellos migrantes que usen una aplicación llamada CBP Home para notificarle al gobierno que planean regresar a su lugar de origen dejarán de ser prioridad para la detención y expulsión por parte de la aplicación de inmigración.
“Si usted está aquí ilegalmente, la autodeportación es la mejor, más segura y más rentable manera de salir de Estados Unidos para evitar el arresto. El DHS ahora está ofreciendo a los extranjeros ilegales asistencia financiera para viajar y un estipendio para regresar a su país de origen a través de la aplicación CBP Home App”, publicó en sus redes sociales Noem, que es una de las caras visibles de las políticas migratorias de Trump.
De hecho, Noem visitó recientemente el Centro de Reclusión de Terroristas (Cecot) en El Salvador, un lugar al que el gobierno de Estados Unidos envió en marzo a cientos de deportados, como parte de un acuerdo con el presidente Nayib Bukele.
“Les damos nuestra palabra de que les daremos este dinero y que pueden irse hoy mismo”, afirmó tras el anuncio una vocera del DHS, Tricia McLaughlin, a la cadena Fox News. “Es la forma más segura. No serás arrestado, no serás detenido, y te daremos ese vuelo gratis“, añadió.
El costo promedio para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de detener, retener y expulsar a un inmigrante que está ilegalmente en Estados Unidos es de 17.121 dólares, según el DHS. La agencia afirma que incluso con el costo del estipendio, una “autodeportación” disminuiría el valor de una deportación en aproximadamente un 70%.
Funcionarios informaron que un inmigrante de Honduras ya aceptó la oferta y voló de Chicago a su país de origen, según informó The New York Times.
En sus primeros 100 días de gobierno, Trump hizo de la deportación masiva de migrantes y el refuerzo en la frontera con México para evitar ingresos de ilegales a Estados Unidos un eje central de su gobierno, aunque se ha topado con resistencias de organismos de defensa de los derechos humanos y civiles, y de los tribunales, que ordenan evitar deportaciones de migrantes sin un proceso legal.
Ayer, Trump había vuelto a generar revuelo en Estados Unidos al argumentar en una entrevista que cumplir su ambiciosa promesa de campaña de llevar a cabo rápidamente deportaciones masivas podría tener prioridad sobre dar a los inmigrantes el derecho al debido proceso según marca la Constitución.
“No lo sé”, respondió Trump cuando la periodista Kristen Welker, de NBC News, le preguntó en una entrevista grabada sobre si creía que debía defender la Constitución durante su presidencia. El mandatario dijo que era inconcebible escuchar millones de casos en los tribunales para frenar las deportaciones, e insistió en que necesita el poder para expulsar rápidamente a personas que, según sostiene, son asesinos y traficantes de drogas.
Funcionarios migratorios señalan que el nuevo programa ahorrará dinero al evitar los costos necesarios para arrestar, detener y expulsar a personas de Estados Unidos en aviones fletados por el gobierno.
Una parte central de la agenda de Trump ha sido implementar la “mayor operación de deportación” de la historia de Estados Unidos, como prometió durante la campaña para las elecciones de noviembre pasado. Para lograr ese objetivo, su administración presionó a los tribunales para que permitan la expulsión inmediata de inmigrantes a los que acusa de ser miembros de banda criminales, como la venezolana Tren de Aragua, sin darles la oportunidad de defender su caso ante un juez.
La administración Trump también ha persuadido al Congreso para lograr un fuerte aumento de recursos para ICE, responsable de expulsar a los ilegales del país.
En las últimas semanas, desde las agencias federales aconsejaron cada vez más a determinados inmigrantes que están en Estados Unidos que se vayan del país antes de ser perseguidos por las autoridades. También recurrieron a políticas para hacer la vida más complicada a quienes se encuentran en el país sin estatus legal, como impedir el acceso de ciertos migrantes a los servicios financieros.
Trump había insinuado el mes pasado una política de incentivos a los viajes de regreso de migrantes ilegales en una entrevista con Fox News.
“Lo que queremos implementar es un programa de autodeportación, que ni siquiera hemos anunciado todavía”, dijo en ese momento en la cadena. “Lo único que no he determinado es, ¿qué vamos a hacer? Vamos a darles un estipendio, vamos a darles algo de dinero y un pasaje de avión, y luego vamos a trabajar con ellos, si son buenos, si queremos que vuelvan, vamos a trabajar con ellos para que vuelvan tan rápido como podamos”, añadió.
No es casual que Trump elija reforzar sus medidas en política migratoria. Este tema encabeza la lista de lo que los norteamericanos evalúan que más les gusta de su segunda administración, de acuerdo a una reciente encuesta del Pew Research Center por los primeros 100 días de mandato. El 20% señaló la política sobre la inmigración como lo que más valora, incluido un 7% que menciona específicamente las acciones de deportación.
La Casa Blanca ha mostrado como un éxito de su estrategia una cifra particular: en marzo pasado, la Patrulla Fronteriza detuvo a 7180 inmigrantes en la frontera con México, frente a los más de 137.000 de marzo de 2024, bajo el mandato de Joe Biden. Es una caída abrupta que, según el gobierno, se logró gracias a los efectos disuasorios en la lucha contra la migración ilegal, incluidos los arrestos en varias ciudades de Estados Unidos y las expulsiones a otros países.
Durante los primeros 100 días del segundo mandato de Trump, el ICE detuvo a 66.463 extranjeros ilegales y expulsó a 65.682, incluidos delincuentes que “amenazan la seguridad pública y la seguridad nacional”, informó la agencia la semana pasada.
