En el año 1976 se produjo el sexto golpe de Estado contra un gobierno constitucional desde el derrocamiento de Hipólito Irigoyen en el año 1930.
El 24 de marzo de 1976 la Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, integrada por el General Jorge Rafael Videla, el Almirante Emilio Massera y el Brigadier Héctor Agosti, derrocó a la presidenta constitucional María Estela Martínez de Perón e instauraron la última y más cruenta dictadura militar en la Argentina del siglo XX, dando inicio al autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional”.
Este suceso se extendió hasta el año 1983 y fue radicalmente diferente a los anteriores, no sólo por la forma que implementó su política sino también por las metodologías que la nueva dictadura militar adoptaba para poner en orden a la sociedad.
Apoyada sobre la base de los principios de la Seguridad Nacional, durante 7 años predominó la violencia de Estado y fue la única dictadura que se identificó con la expresión “terrorismo de Estado”. El sistema de gobierno, basado en la Constitución Nacional y la división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, fue arrasado.
Desde el primer día, la dictadura disolvió el Congreso, impidió el funcionamiento de los partidos políticos, prohibió la actividad sindical, suprimió la libertad de expresión y suspendió las garantías constitucionales de todos los ciudadanos.
Desde su inicio hasta 1983, el Estado argentino bajo el poder de la junta militar de gobierno instaló en todo el país un aparato represivo para llevar adelante la persecución y eliminación de todo adversario político, que culminó con la desaparición sistemática y forzada de miles de personas. Para ello se utilizó la fuera pública estatal de manera ilegal, y se instalaron más de 500 centros clandestinos de detención, muchos de ellos funcionaban en instituciones públicas como escuelas, comisarías y hospitales.
La dictadura cívico militar operó fuera del marco de legalidad, violando los derechos y garantías constitucionales. De este modo, el mismo Estado se transformó en el primer agresor de la sociedad civil; y en este contexto represivo no se limitó a eliminar físicamente a su “enemigo político” sino que, a la vez, pretendió sustraerle todo rasgo de humanidad y borrar todos los signos que dieran cuenta de ella.
El 24 de marzo tiene una carga muy particular en la memoria colectiva de nuestro pueblo. Esta fecha condensa una experiencia límite de nuestra historia reciente: el terrorismo de Estado, y a la vez representa un día emblemático para reflexionar acerca de la vida de la sociedad, la democracia y la vigencia irrenunciable de los derechos humanos.
A casi cinco décadas del golpe cívico-militar, el Gobierno de la provincia continúa trabajando para que las nuevas generaciones crezcan en una sociedad que valore la libertad, la justicia y el respeto por los derechos humanos. Porque solo a través de la memoria activa podremos sostener el compromiso irrenunciable con el Nunca Más.