En cumplimiento de la Ley Nacional de Armas y Explosivos N° 25.938 y la Ley Provincial N° 7.799, se llevó a cabo un proceso de relevamiento y catalogación de armas secuestradas,
provenientes de delitos o que carecen de documentación legal.
La coordinación estuvo a cargo de la Oficina Judicial Penal y la Agencia Nacional de Materiales Controlados, división San Juan, en tanto que prestó colaboración la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público.
Esta acción también contó con el apoyo de Policía Federal Argentina y Gendarmería Nacional, quien trasladó las armas a Buenos Aires para su destrucción, cumpliendo con las medidas de seguridad correspondientes, asegurando que estos elementos dejen de existir y no puedan ser reutilizados
