El 29 de diciembre de 1990, mientras la sociedad argentina se preparaba para las fiestas de fin de año, un documento oficial firmado en el despacho presidencial de la Casa Rosada desmanteló uno de los pilares más simbólicos de la transición democrática. Con la rúbrica de Carlos Menem, el Decreto 2741/1990 puso en libertad a los excomandantes de las Juntas Militares que, cinco años antes, habían sido condenados por un plan de desaparición, tortura y exterminio.
A tres décadas y media de aquel suceso, el indulto algunos lo recuerdan como un gesto de pacificación, y otros como el punto máximo de una tensión política entre la justicia civil y el poder castrense.
La arquitectura del perdón: el fin de la «Cuestión Militar»
Menem llegó a la presidencia en 1989 con un país sumido en la hiperinflación y con unas Fuerzas Armadas que todavía conservaban capacidad de presión política, tras los levantamientos carapintadas contra la gestión de Raúl Alfonsín. La estrategia del riojano fue drástica: la «reconciliación nacional» a través del olvido jurídico.
El Decreto 2741 no fue un hecho aislado. Formó parte de la segunda tanda de indultos. Mientras que los decretos de 1989 habían beneficiado a militares no condenados y a líderes guerrilleros de Montoneros y el ERP, el de 1990 fue el golpe definitivo:
–Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera (condenados a reclusión perpetua) recuperaron la libertad.
–Roberto Viola, Armando Lambruschini y Orlando Ramón Agosti abandonaron sus celdas.
-También se benefició a figuras clave de la represión como el general Ramón Camps.
El argumento del «abrazo» vs. la realidad jurídica
El gobierno de Menem sostuvo que el país necesitaba un «borrón y cuenta nueva» para atraer inversiones y estabilizar el sistema político. «He firmado los decretos para que nos dejemos de mirar hacia atrás«, declaró el entonces mandatario.
Sin embargo, desde el punto de vista del derecho internacional, el decreto caminaba sobre una cornisa peligrosa. Los crímenes cometidos por las Juntas ya eran considerados por gran parte de la doctrina como delitos de lesa humanidad, los cuales, por su naturaleza, son imprescriptibles y no sujetos a amnistías o indultos por parte de los estados nacionales. El decreto intentó clausurar por vía administrativa un proceso que la conciencia social y jurídica argentina ya consideraba una cuestión de ética universal, pero que tenia consenso y apoyo en gran parte de la ciudadanía.
La grieta social y el surgimiento del «escrache»
Aquel diciembre de 1990 marcó el inicio de una nueva etapa de resistencia para los organismos de Derechos Humanos. Ante la imposibilidad de ver a los genocidas tras las rejas, nació una nueva forma de condena social: el escrache.
Las organizaciones de familiares y el grupo H.I.J.O.S. (que comenzaba a gestarse) llevaron la justicia a las puertas de los domicilios de los indultados. La premisa era clara: «Si no hay justicia, hay escrache». El Decreto 2741, en lugar de pacificar, trasladó el conflicto de los tribunales a los barrios, manteniendo la herida en la cotidianeidad de los argentinos.
El largo camino hacia la nulidad: 2003-2007
La vigencia de los indultos fue el motor que impulsó la creatividad jurídica de los organismos de Derechos Humanos, que buscaron brechas como el robo de bebés para volver a sentar a los dictadores ante los jueces.
Finalmente, el andamiaje de impunidad comenzó a desmoronarse en el nuevo milenio: en 2003, el Congreso nacional declaró la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. En 2007, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó el fallo histórico que declaró la inconstitucionalidad de los indultos de Menem, argumentando que el Poder Ejecutivo no tiene facultades para perdonar crímenes de lesa humanidad.
