El episodio que dio origen a la causa ocurrió durante la madrugada del miércoles 15 de octubre, en una vivienda de Chimbas donde Rufino convivía con su pareja y la hija que ambos comparten. Según consta en el expediente, todo comenzó con una fuerte discusión entre ambos. Ante el incremento de los gritos, la mujer decidió enviarle un mensaje a su madre para que acudiera a buscar a la niña, temiendo que la situación se tornara violenta.
De acuerdo con el informe policial, Rufino reaccionó con agresividad: insultó a su pareja, lanzó amenazas e incluso destrozó un espejo y una computadora portátil. En medio de la tensión, tomó un cuchillo y lo clavó varias veces en la pared con el propósito de intimidarla. La víctima declaró que, en ese momento, él la sujetó del cuello, la empujó contra la pared y le gritó: “Vos no me conocés a mí, loca”.
Poco después, la madre de la joven llegó al domicilio y, al escuchar los gritos desde el exterior, ingresó de inmediato para intervenir. A la 1:33 de la madrugada, la víctima realizó una llamada al 911 solicitando ayuda. En la grabación, incorporada luego al expediente, se la escucha decir: “Vengan rápido, por favor, se ha vuelto loco”.
Aunque la mujer finalmente decidió no presentar una denuncia formal, la Fiscalía intervino de oficio, basándose en las primeras declaraciones asentadas en el acta policial, donde sí figuraban las amenazas. Al día siguiente, jueves 16 de octubre, se llevó a cabo la audiencia de presentación en el fuero de Flagrancia, con la participación del fiscal Fernando Bonomo y la jueza Gema Guerrero. Durante esa instancia, el fiscal se declaró incompetente y derivó el caso a la UFI CAVIG, especializada en hechos de violencia intrafamiliar y de género.
Este viernes, el fiscal Mario Panetta y la ayudante fiscal Verónica Recio formalizaron la imputación ante el juez de Garantías Guillermo Adárvez, quien dispuso la apertura de la investigación penal preparatoria por un plazo de cinco meses. El imputado, representado por el abogado Gustavo Sánchez, optó por abstenerse de declarar.
Si bien recuperó la libertad, el juez impuso estrictas medidas de coerción: prohibición de acercamiento y contacto con la víctima, obligación de presentarse periódicamente en la comisaría correspondiente y restricción para salir de la provincia sin autorización judicial.
El magistrado también tuvo en cuenta que Rufino había enfrentado previamente otra causa penal por violencia de género, motivo por el cual ordenó un control más riguroso del cumplimiento de las medidas impuestas.
